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En cuestiones relacionadas con arrendamientos urbanos, ofrecemos asesoramiento y representación legal para propietarios e inquilinos, garantizando el cumplimiento de los derechos y obligaciones de ambas partes. Nuestro objetivo es resolver cualquier conflicto o consulta de manera eficaz, evitando litigios innecesarios siempre que sea posible.
Si eres propietario, te ayudamos a redactar contratos de arrendamiento sólidos, gestionar impagos de renta o recuperar tu propiedad en caso de incumplimiento por parte del inquilino. También nos encargamos de tramitar desahucios con un enfoque rápido y profesional.
Si eres inquilino, defendemos tus derechos frente a incrementos abusivos de renta, cláusulas desproporcionadas o desalojos injustificados. Te asesoramos en la revisión de contratos, negociación de condiciones o en la protección frente a prácticas abusivas por parte del arrendador.
Sea cual sea tu caso, nuestro equipo está preparado para ofrecerte un servicio integral en derecho de arrendamientos urbanos. Contáctanos y encuentra la tranquilidad que necesitas en tus gestiones de alquiler.
Un contrato debe contener la identificación de las partes, descripción del inmueble, duración, renta acordada, forma de pago y demás condiciones pactadas entre arrendador e inquilino.
En España, los contratos de vivienda tienen una duración mínima de 5 años si el arrendador es persona física y 7 años si es persona jurídica, salvo que se acuerde un plazo menor en el contrato.
Puedes iniciar un procedimiento de reclamación de renta y, si es necesario, un proceso de desahucio. Un abogado te ayudará a gestionarlo legalmente para recuperar tu propiedad.
Sí, la ley establece que la fianza debe ser depositada en el organismo correspondiente de la comunidad autónoma.
El propietario solo puede incrementar la renta si está estipulado en el contrato y generalmente se ajusta al Índice de Precios al Consumo (IPC) o acuerdos específicos.
Depende de las cláusulas del contrato. El arrendatario puede desistir tras los primeros 6 meses avisando con 30 días de antelación, salvo que el contrato disponga otra cosa.
Si no hay contrato, prevalecen los acuerdos verbales, aunque son más difíciles de probar. Un abogado puede ayudarte a defender tus derechos en caso de conflicto.
La primera consulta puede cambiarlo todo. Contacta con nosotros y empieza a resolver tu caso.
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